SENTENCIA N.º 75/2023

PRIMERO. Es objeto de impugnación la resolución de la Consejera de Salud y Portavocía del Gobierno de la Rioja de 22 de enero de 2021, que desestima la reclamación que por responsabilidad patrimonial de la Administración formuló la parte demandante.

La parte demandante solicita: 1) Se anule la resolución objeto de recurso. 2) Se declare la responsabilidad de la Consejería de Sanidad. 3) Se declare la responsabilidad directa y solidaria de la Compañía Aseguradora. 4) Se condene a ambas a indemnizar a la parte demandante en la cuantía de trescientos setenta y seis mil doscientos euros (376.200 €), más los intereses legales frente a la Administración desde el día 5 de agosto de 2019 (fecha de presentación de la reclamación administrativa). 5) Se condene al pago de las costas procesales.

SEGUNDO. La acción jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se corresponde con el ejercicio del derecho conferido a los ciudadanos por el artículo 106.2 de la Constitución para verse resarcidos de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

El régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas aparece regulado en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Una nutrida jurisprudencia ha definido los requisitos de éxito de la acción en torno a las siguientes proposiciones:

TERCERO. Los hechos que han quedado acreditados mediante los informes de Inspección, el expediente administrativo, el dictamen aportado por la Compañía Aseguradora y el dictamen aportado por la parte demandante son los siguientes:

Primero. La paciente acude a urgencias del Centro Hospitalario el 10/09/2018, sobre las 01:30 de la madrugada y permanece en esa área hasta las 03:45, donde una vez explorada y realizada una analítica de sangre, es remitida a su domicilio. En los formularios de atención como en el propio informe de Alta de Urgencias, se comenta que es una paciente con antecedentes de obesidad e hipertensión arterial y pseudopoliglobulia. Acude por dolor epigástrico y en hipocondrio derecho, sin presencia de vómitos, ni fiebre ni diarrea ni otros síntomas a considerar.

Segundo. En la exploración se observa una tensión sistólica arterial de 124 mm Hg y diastólica de 77 mm Hg. Temperatura corporal de 35,7 °C y saturación de oxígeno del 100%. Frecuencia cardiaca de 76 pulsaciones/minuto, rítmico, sin soplos ni otras características a destacar. La exploración pulmonar es normal. En la exploración abdominal, el abdomen es blando, depresible, sin signos de afectación del peritoneo. Ruidos normales sin actitud defensiva. Blumberg negativo. No presencia de masas ni megalias de órganos abdominales.

Tercero. La analítica de sangre manifiesta una cierta alteración de la glucosa y de las transaminasas hepáticas, así como un número de hematíes algo superior a los valores establecidos como normales.

Cuarto. Con los antecedentes clínicos conocidos y los datos de la exploración clínica y la analítica sanguínea, se llega a la conclusión diagnóstica de un posible cólico biliar no complicado y/o epigastralgia. Se decide instaurar tratamiento con Nolotil cada 8 horas y Omeprazol, y se decide enviar a la paciente a su domicilio para control evolutivo por su médico de Atención Primaria.

Quinto. El día 10/09/2018, el 061 (Asistencia de Urgencia a Domicilio) sobre las 11:35 recibe una llamada acerca de una parada cardio-respiratoria correspondiente a la misma paciente —mujer de 46 años—. Se confirma parada cardio-respiratoria. Al llegar al domicilio se halla el equipo de Atención Primaria que ha realizado maniobras de reanimación durante 10 minutos. La paciente está en asistolia. Se inicia la reanimación: se pautan 6 adrenalinas (dos intratraqueales y dos intravenosas) y tres atropinas intravenosas. En todo momento permanece la paciente en asistolia (el corazón sin latido).

Sexto. El informe del Consejo Consultivo concluye que procede estimar la reclamación planteada por entender que existe responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria, la cual deberá indemnizar a la demandante en la cantidad de 150.000 €.

CUARTO. Conclusiones de los diferentes informes:

I. El informe de inspección establece que, al parecer, el caso podría encuadrarse como un caso atípico de infarto de miocardio, por lo que para su diagnóstico se exige un mayor tiempo de valoración ya que se ha de descartar la patología digestiva que suele ser la predominante ante dicha sintomatología. Concluye que la actuación profesional de la médico que atiende en urgencias del Centro Hospitalario, «y a pesar del fallecimiento en pocas horas de la paciente, fue correcta y dentro de las normas y acciones propias de la lex artis ad hoc».

II. El informe médico aportado por la Compañía Aseguradora establece: «Del estudio de la información aportada se concluye una actuación acorde a lex artis durante la asistencia en el Centro Hospitalario, ajustándose los medios dispuestos a la sintomatología referida, a la exploración realizada y a los resultados de laboratorio obtenidos. No era posible, dada la inexistencia de clínica sugestiva, diagnosticar el supuesto IAM por el que falleció la paciente 8 horas después de su alta.»

III. Dictamen médico obrante en el expediente administrativo: «1.ª La sintomatología referida hacía pensar en un principio en un cólico hepático de evolución atípica, que fue el motivo del error en el diagnóstico. 2.ª Dentro del estudio realizado en urgencias debería haberse incluido la realización de un ECG y una determinación de troponinas para poder hacer el diagnóstico diferencial, ya que inicialmente la sintomatología no era la típica de un cólico hepático.»

IV. Dictamen médico aportado por la parte actora (especialista en cardiología): «a) La atención y abordaje de la paciente en el Servicio de Urgencias no fue correcta en cuanto al estudio de dolor epigástrico en paciente con características de riesgo cardiovascular al menos moderado. Incluso teniendo en cuenta la falta de datos de seguimiento, la información disponible en cuanto a edad, hipertensión y obesidad hacían a la paciente susceptible de proceder con pruebas diagnósticas que no se realizaron: electrocardiograma, determinación de troponinas, estudio de orina. No se tiene evidencia del resultado de una ecografía abdominal que el médico responsable dice haber realizado. No se instaura el tratamiento dirigido para patología biliar. b) La falta de un manejo adecuado en el Servicio de Urgencias supuso un error diagnóstico con derivación a domicilio. Las complicaciones derivadas del proceso que sufría la paciente eran previsibles. El padecimiento extrahospitalario de estas complicaciones supuso una pérdida de oportunidad para establecer medidas de resucitación eficaces y para evitar el desenlace en forma de exitus. Había evidencia de un proceso agudo que no fue abordado adecuadamente desde el punto de vista de las recomendaciones de práctica clínica.»

QUINTO. LEX ARTIS. El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso-administrativa para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial es el de la lex artis y ello ante la inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar cuándo el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido correcto. La existencia de este criterio se basa en el principio sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación es de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo.

En cada caso, para valorar si se ha producido infracción de las normas de la lex artis, habrá que valorar las circunstancias concretas atendiendo a la previsibilidad del resultado, la preparación y especialización del médico, su obligación de adaptarse a los avances científicos y técnicos, y las condiciones de tiempo y lugar en que se presta la asistencia médica. La sentencia del TS de 17 de julio de 2012 establece que «cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión, sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo».

SEXTO. La parte demandante argumenta que los síntomas que presentaba la paciente —dolor localizado en el epigástrico y en hipocondrio derecho—, unidos a los factores de riesgo (hipertensión, obesidad tipo III o mórbida, perimenopausia), así como los valores anormales de glucosa, transaminasas y glóbulos rojos, deberían haber alertado al profesional de la salud sobre la posibilidad de una cardiopatía isquémica, que al menos debía haberse comprobado con la realización de un electrocardiograma (ECG). La omisión de una prueba tan simple constituye una infracción de la lex artis lo suficientemente grave para determinar la responsabilidad de la Administración.

El análisis de los diferentes informes médicos lleva a la Sala a la conclusión de que debe prevalecer el informe aportado por la parte actora, realizado por una especialista en cardiología, cuyos razonamientos coinciden además con los datos médicos recogidos por el informe del Consejo Consultivo de La Rioja.

En consecuencia, está acreditada la infracción de la lex artis y su relación de causalidad con el fallecimiento de la paciente.

SÉPTIMO. Cuantificación de los daños. La parte demandante solicita cantidades correspondientes a perjuicio personal básico (cónyuge e hijas) y perjuicio patrimonial (daño emergente y lucro cesante), por un total reclamado de 376.200 €.

La Sala, atendiendo a las circunstancias personales y familiares, y específicamente a la edad de la fallecida —46 años—, a la situación del cónyuge viudo y la edad de los dos hijos a la fecha del fallecimiento —17 años respectivamente—, y tomando como referencia las valoraciones realizadas en la Ley 35/2015, considera que los daños producidos como consecuencia de la infracción de la lex artis deben cuantificarse en 300.000 €.